Carta de la decana del COAS a Diario de Sevilla

Publicado el 23 enero, 2019

En junio de 2017, los arquitectos colegiados de Sevilla eligen en elecciones generales a la actual Junta de Gobierno. El resultado permite la llegada de un equipo ilusionado, arquitectos y arquitectas con ganas de trabajar por su Colegio, al tiempo que provoca la salida de un equipo perpetuado en el cargo desde hacía 16 años. 

Lejos de acatar la decisión de las urnas, el equipo saliente se ha dedicado durante todo este tiempo a interponer querellas y denuncias en todas las instancias y formas existentes: contenciosos administrativos, denuncias civiles, penales, deontológicas, en el Defensor del Pueblo… siendo todas archivadas hasta la fecha

Ante esta situación de bloqueo, acoso y derribo continuo contra la institución, pero también a título personal contra los miembros de la Junta de Gobierno del Colegio, encabezada por su Decana, Cristina Murillo, se ha permanecido en silencio durante este año y medio por compromiso con la profesión y confiando en que sea la justicia la que hable, llegado el momento. 

Sin embargo, la desafortunada información publicada el 20 de enero en este medio, firmada por Amanda González de Aledo, necesita ser puntualizada porque pudiera confundir a quienes la lean en tanto que basa parte de su contenido en las opiniones de quienes interponen la querella -dos miembros del antiguo equipo- en vez de en el auto del juez, que recoge las investigaciones de la policía judicial. Además, afirma que ya está anotada por orden del juez de primera instancia 9 la impugnación de acuerdos presentada por uno de los patronos afectados, y no es cierto. 

El hecho noticioso y que origina que se dicte el auto, es la desestimación de la solicitud de las medidas cautelares. Por el contrario, tal y como está redactado el titular y subtítulo, pareciera que existen indicios de delito -haciendo referencia a las posibles penas de cárcel- cuando el auto del juez dice, y citamos literalmente: 

“…resulta improcedente la adopción de las medidas cautelares solicitadas en el presente estadio procesal, en cuanto las diligencias practicadas no permiten deducir, con la solvencia necesaria, la existencia del ilícito penal denunciado; resulta así preciso, como se ha dicho, practicar otras diligencias que permitan completar la instrucción jurisdiccional, y situarnos en condiciones de poder decidir sobre la continuación del procedimiento o bien, por el contrario, el sobreseimiento de las actuaciones…” 

En segundo lugar, este equipo se desmarca de las viejas formas de hacer beligerantes y sin límites, y se sitúa en el trabajo diario, en construir y no destruir. Como muestra de ello, de los distintos talantes que están encima de la mesa, no queremos dejar pasar que existen dos vías penales posibles: La denuncia, que exige unas diligencias (investigaciones) previas a través de las cuales el juez valora y decide si continuar, o no, con el procedimiento; y la querella criminal -que es la vía abierta por los miembros de la junta saliente- donde el juez está obligado a citar a las partes como investigadas para ejercer su derecho de defensa constitucional acompañados de un abogado. 

Con esto queremos dejar claro que no es lo mismo estar investigado en una denuncia que se ha admitido a trámite, se ha instruido y existen indicios de delito, como es el caso de la denuncia interpuesta contra Ángel Díaz del Río, exdecano del Colegio, que ser investigada en una querella criminal por así establecerlo la legislación vigente. Y estos detalles, son fundamentales para dejar de dar voz a un equipo que no asume el resultado democrático de unas elecciones donde por abrumadora mayoría perdieron el cargo, y solo le queda agonizar y tirar del juego mediático y la difamación. 

En tercer lugar, conviene recordar que la querella criminal por delito societario se presenta 3 meses después de la toma de posesión de la actual Junta de Gobierno como patronos de FIDAS, cuando aun está aterrizando en su cargo y cuando, además, había desaparecido la dotación económica de más de 1 millón de euros aportada por el COAS a la Fundación

A su vez, con el cambio estatutario de 2005, promovido por quienes presentan la querella, el Colegio desaparece como socio fundador y legítimo propietario del Pabellón y el suelo de FIDAS, apareciendo la figura de dos patronos fundadores a título personal

La investigación y la justicia requieren tiempo y serenidad, y así lo hemos entendido desde nuestra llegada a la Junta de Gobierno del Colegio. Y serán el tiempo, los tribunales y la investigación judicial quienes pondrán a cada uno en su sitio con sentencias, y no con guerras mediáticas sin fundamento, cuyo fin único es la difamación permanente de las personas que representan hoy esta institución. Hasta entonces, hay mucho que hacer por la profesión, en eso creemos y a eso dedicamos toda nuestra energía, le pese a quien le pese. 

Cristina Murillo Fuentes 
Decana del Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla 

Rectificación publicada por Diario de Sevilla tras recibir la carta